Economía del Conocimiento: un proyecto con aciertos y «cositas»

Economía del Conocimiento: la ignorancia supina sobre el mundo tecnología y su impacto en la economía doméstica de quienes giraron la LEC, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el Diputado Sergio Massa es manifiesta.

La Economía del Conocimiento no es un título marketinero, es un concepto sólido que debe tomarse muy en serio para lograr “incluir” a más argentinos en un ecosistema hostil que va a eyectar ciudadanos de los puestos de trabajo, de la mano de la robotización, tanto de software como de hardware.

El foco de la Ley debería ser el trabajador y la empresa debería ser un catalizador que incluya a más ciudadanos, de manera transparente, coherente y armónica con el cambio.

Estudio de Abogados Carranza Torres

Consultamos al Estudio de Abogados Carranza Torres sobre los cambios en la ley y nos indicó que:

A diferencia de la 27.506, es el propio art. 4 del proyecto el que establece que podrán inscribirse quienes “se encuentren en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales”.

Es necesario aclarar

Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, impulsor de la Ley de la Economía del Conocimiento

Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, impulsor de la Ley de la Economía del Conocimiento

Corresponderá aclarar cómo se interpreta el curso normal en lo referido a planes de pago, sanciones impugnadas, procesos de determinación o sanción en proceso de impugnación, etc.

Por otra parte, manteniendo las actividades promovidas, agrega la posibilidad de inscribirse en la ley ya no solo por el 70% de facturación sino también mediante acreditar el desarrollo de actividades promovidas “de manera intensiva para incorporar conocimiento derivados de avances científicos y tecnológicos en sus productos, servicios o procesos productivos, con el fin de agregar valor e innovación”.

Es decir, ya no es solamente facturación el elemento a tener en cuenta, sino que también se podrá ingresar sin llegar al 70% correspondiente, mientras se acredite este otro extremo.

Dos opciones

De esta posibilidad quedan excluidas las de los incisos a (software) y en (servicios profesionales exportables) del art. 2, que necesariamente deberán acreditar el porcentaje de facturación.

1) Acreditar la realización mediante mejora continua de la calidad de servicios, productos y procesos.

Llama la atención -indicaron en el Estudio Carranza Torres- que el proyecto menciona “o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos o procesos”, por lo que de una redacción confusa no termina de entenderse si calidad solamente se acredita mediante norma reconocida o existe también la posibilidad de acreditar de otra manera tal como se permitía en la 27.506.

2) A la hora de hablar de las erogaciones en I+D o capacitación, ambas se establecen gradualmente por el tamaño de la empresa.

Así, habrá que estarse a la categorización según lo establecido en el art. 2 de la ley 24.467 y determinar si se es pequeña, mediana o grande empresa para así determinar el porcentaje a acreditar.

En efecto, las microempresas deberán realizar un gasto de 3% de la masa salarial, las Pequeñas y medianas del 5% y las grandes del 8%.

I+D

En lo que respecta al I+D, se mantiene la gradualidad estableciendo un 1% de gasto en tal concepto en relación a la facturación para las Microempresas, 2% para las medianas y 3% para las grandes.

Cabe aclarar que la propia ley habla de que el gasto en I+D debe incluir novedad, originalidad y/o creatividad, por lo que de la reglamentación deberá extraerse cuál es el alcance de tales conceptos.

A su vez, para ambas cuestiones las empresas de “servicios profesionales de exportación” cumplimentarán acreditando los montos de las grandes empresas.

Finalmente, y tal como se verá posteriormente, los porcentajes de estos límites aumentarán gradualmente una vez que la inscripción se otorgue.

Asimismo, el Estudio Carranza Torres nos indica que se incluye un deber de revalidación.

A diferencia de la 27.506 y de los anteriores proyectos hay un deber de revalidar cada dos años. En efecto, la reglamentación determinará la manera en que las empresas deberán realizar una reinscripción en la cual se deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos.

En esa acreditación de requisitos, se prevé un aumento bianual que queda en manos de la autoridad de aplicación que no puede ser menor al 0,5% para I+D, 1% para capacitación y 1,5% para exportaciones, siempre dependiendo del tamaño de la empresa.

Habrá que evaluar en qué términos efectivamente se aplica este aumento a las exigencias, pero se deja la puerta abierta a una exigencia desmedida que redunde en pérdida de beneficios.

A su vez deberá preverse si estos aumentos aplican únicamente para las empresas que revaliden o para las que se inscriban por primera vez, modificando los límites establecidos por ley.

Falta Estrategia Productiva

Que quede claro que hasta acá la Ley no indica de que manera la industria del conocimiento se relaciona con las economías regionales para potenciarlas e incluirlas, solo es transferencia pura de recursos de los trabajadores y el Estado Nacional a los empresarios.

Por suerte, a diferencia del proyecto anterior, el autodesarrollo no puede ser incluido como un ítem computable en la facturación, por más que sea de exportación.

En la definición de autodesarrollo se establece “el realizado por una persona jurídica para su propio uso o para empresas vinculadas societaria y/o económicamente, y en todos los casos revistiendo el carácter de usuario final”, tal como lo hacía la ley anterior, indicaron del Estudio Carranza Torres.

Esta anomalía hubiese ocasionado un enorme perjuicio al Estado y a la industria en general.

El beneficio no es para todos

Otro límite que aplaudo es el que nos indicaron desde el Estudio Carranza Torres, el cual indica que se generará un bono fiscal equivalente al 70% de lo efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la seguridad social.

A diferencia de la 27.506 y tal como sucedía en la LPS, solamente se promoverán aquellos empleados dedicados a las actividades promovidas, y no la totalidad de la nómina.

Sería importante que se reconozca la actividad gremial para este caso, evitando que los trabajadores de nuestro sector tengan el mismo derecho que un recolector de basura y pueda acceder a una paritaria y a un convenio colectivo de trabajo.

Muchos legisladores deberían recordar que llegaron a sus bancas por el voto de los trabajadores y a la hora de legislar, no deberían darles la espalda.

Sobre las cargas sociales, nos indican los profesionales que, A su vez, existe un límite cuantitativo en relación a la cantidad de empleados a promover: 7 veces la cantidad prevista para el tramo II de las Empresas Medianas de servicios según la Ley Pyme.

En la actualidad, la suma asciende a 3745 empleados

Ese límite es amplio en aquellos casos en que haya nuevas contrataciones con posterioridad a la inscripción y aplica a todos los nuevos empleados (siempre que se dediquen a actividades promovidas).

A su vez, el porcentaje de bono a generarse será aumentado al 80% para los casos en que se trate de nuevas incorporaciones de mujeres, profesionales con posgrado de ingeniería, ciencias exactas o naturales, personas con discapacidad, personas de zonas desfavorables y beneficiarias de planes sociales, siempre sujeto a reglamentación.

La eliminación de la detracción prevista en el proyecto anterior y la generación solamente del bono hacen que este beneficio pueda transformarse en letra muerta si se tiene en cuenta lo relativo al cupo fiscal previsto en el nuevo art. 7. Comentaron los letrados de Carranza Torres.

Esperemos que las empresas no comiencen a hacer spin-off de sus propias empresas para regular el límite y vulnerar la ley.

Ganancias

A diferencia la 27.506, ya no se prevé una disminución de la alícuota para la empresa por estar inscripta.

Por el contrario, el beneficio de ganancias aplicará únicamente a las actividades promovidas y consistirá en una reducción del 60% del monto a pagar por tales actividades.

Si bien se prevé tanto para ganancias de fuente argentina como extranjera, se deja en manos de la autoridad de la aplicación las condiciones en que ello ocurrirá, lo cual puede quitar previsibilidad al beneficio.

FONPEC

El Estudio Carranza Torres nos indica que se crean el “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento” (FONPEC), que es un fideicomiso que será el destinatario de los aportes efectuados por los beneficiarios del régimen.

El mismo se financiará, entre otras cosas con el 4% del total de los beneficios percibidos. En principio implica un aumento respecto a la 27.506, que antes preveía un 1,5% de los beneficios otorgados.

Sin embargo, esa diferencia terminológica entre “percibidos” y “otorgados” puede también traer lugar a interpretaciones que acarreen discusiones legales, por lo que la reglamentación o modificación del proyecto deberán aclararlo.

Si se tiene en cuenta que el costo para auditorías se mantiene en 4%, el costo total para el beneficiario aumenta del 5,5% al 8% (para el caso que no se tenga en cuenta lo de “percibido”).

 A su vez, se crea el Consejo Consultivo para el análisis de las solicitudes de revalidación o de inscripción, compuesto por referentes de las actividades promovidas.

Tendrán la facultad, cuando les sea requerido, de expedirse sobre todos los requisitos vinculados a las solicitudes.

Aplicando el sentido común

A mi juicio como analista de la industria la participación de los trabajadores en el FONPEC es mandataria, los que detentan el conocimiento son quienes deben alimentar los motores de conocimiento e innovación con la participación del mundo académico.

Si bien el proyecto de ley indica que el proyecto prevé que la Autoridad de Aplicación pasará a ser el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, pero debería incluir la participación de los trabajadores que son quienes mejores conocen la realidad de la empresa, en lugar de empleados del citado Ministerio que no tienen los skills necesarios.

 

Economía del Conocimiento

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Por Marcelo Lozano – General Publisher IT Connect Latam