Cámaras en los Colectivos: al borde de un papelón jurídico y político

El gobierno argentino está legislando relación con la instalación de sistemas de vídeo cámaras en los colectivos de corta y media distancia, y para que ello sea efectivo será necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos.

Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de proporcionalidad lógico, lo cual supone, siempre que resulte posible, utilizar medios lo menos intrusivos posibles en la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.

En consecuencia, el uso de cámaras o videocámaras en los colectivos no debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia por lo que, desde un punto de vista objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.

La seguridad de los datos

Por tal motivo la legislación, debe requerir que los administradores de la información que tengan trazabilidad de las imágenes y una cadena de custodia de la información sustentable que permita garantizar que la información recabada no será utilizada para ningún otro fin, y esté disponible para requerimientos judiciales por un plazo lógico que puede ir de los 30 a los 90 días.

Cuando nos referimos a la proporcionalidad, se trata de «una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

No tiene sentido que un Ministro de Seguridad, establezca una norma estratégica, con el fin de brindar seguridad, con alto costo para las empresas de transporte y el Estado, y que por defectos de procedimientos pueda ser declarada inconstitucional por cualquier ciudadano, originando un perjuicio enorme para la seguridad pública, no solo por los costos, también por el descreimiento público que orada la autoridad del gobierno sobre los ciudadanos.

Asimismo, la proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los que se instalen sistemas de video vigilancia, con el fin de impedir la vulnerabilidad de la persona.

Es necesario trabajar una norma, entendiendo los alcances de la tecnología los procedimientos y buenas prácticas.

No es posible legislar positivamente sin un asesoramiento efectivo

En la Ciudad de Rosario, se ha realizado una primera prueba piloto que vulnera los derechos ciudadanos y demuestra la falta de conocimiento de quienes llevaron adelante esta iniciativa estéril.

Por Marcelo Lozano – General Publisher IT CONNECT